jueves, 2 de diciembre de 2010

La obligatoriedad y la reforma de la salud

Carlos E. Paredes (*)

1. En la reciente CADE se enfatizó el rol crucial del capital humano para la competitividad del país, y la necesidad de invertir de manera eficiente en salud y educación. En el caso de la salud, el diagnóstico fue sumamente revelador: según el ranking del Foro Económico Mundial (133 países), estamos por debajo de la mitad de la tabla en materia de mortalidad infantil, tuberculosis y prevalencia del VIH; en el Perú, la desigualdad en materia de salud de madres y niños es enorme, lo cual perpetúa la desigualdad de oportunidades; y el gasto en salud, tanto privado como público, no solo es insuficiente (menor a la media latinoamericana), sino también ineficiente.

2. En este contexto, se planteó la necesidad de articular la respuesta del Estado con las necesidades de la población, dejando de focalizar el gasto en los enfermos y reorientándolo hacia la prevención. La propuesta de pasar de un enfoque curativo a uno preventivo no es nueva. Es más, resulta indispensable tanto para el accionar del Estado como para los seguros privados que, al ser más eficientes, se volverían más accesibles para un número mayor de familias. El denominado "gasto de bolsillo" es muy grande en el Perú (S/. 4,000 millones al año), la automedicación prevalece en casi todos los sectores, y el resultado en salud es negativo. Estos dos hechos constituyen evidencia de que el aseguramiento en salud es muy bajo e ineficaz. Y claramente no estamos hablando del aseguramiento formal (según cifras oficiales, ¡somos 23 millones de asegurados!), sino del real, de la persona que se siente protegida y puede recurrir a un centro a atenderse cuando lo necesita y no cuando le puedan dar turno.

3. Incrementar la población realmente cubierta por un seguro de salud y marchar hacia el aseguramiento universal es un objetivo deseable y compartido por las diferentes fuerzas políticas del país (existe un acuerdo explícito de los partidos políticos en torno a este tema). Sin embargo, es claro que esto no se producirá de manera espontánea, por lo que la Ley de Aseguramiento Universal en Salud decretó la obligatoriedad del aseguramiento en salud para todos los residentes del país –y, con realismo, contempló la introducción progresiva del nuevo régimen. En este contexto es que la semana pasada se publicó un decreto supremo que introdujo la exigencia (progresiva , en 18 meses) de acreditar el aseguramiento público o privado de todo residente en el país, para acceder a préstamos bancarios, ser proveedor del Estado o realizar trámites administrativos ante instituciones del aseguramiento universal.

4. A pesar de algunas reacciones iniciales adversas que reflejan temores infundados, este es un paso importante en la dirección del aseguramiento universal, que podría evitar que la ley sea letra muerta. La obligatoriedad de asegurarse, de quienes tienen capacidad de pago y pueden acceder a un préstamo, contribuirá a evitar que estos saturen los hospitales públicos, que deberían atender principalmente a los que no tienen recursos. Sin embargo, resulta conveniente resaltar que el concepto de la obligatoriedad no solo debe imponerse a la población asegurable, sino, y sobre todo, implica una obligación de financiamiento para el Estado. Si las autoridades realmente piensan que en el Perú somos 23 millones de asegurados, cabe preguntarles: ¿por qué los asegurados de Essalud y del SIS realizan un alto gasto de bolsillo? ¿No será porque sus seguros no les cubren sus necesidades de salud?

5. Marchar hacia el aseguramiento universal es positivo, pero hay que hacerlo de verdad y no solo en el papel. El Estado tiene que mojarse y no solo pedirle al sector privado que se moje. En este sentido, resulta inaudito que a menos de dos años de lanzada la reforma, el SIS ya esté acumulando deudas con proveedores y que la Ley de Presupuesto no contemple cancelar dichos adeudos. Claramente, universalizar el acceso a la salud tendrá un alto costo para el Estado, hay que presupuestarlo. No pretendamos alcanzar grandes beneficios sin pagar el costo de un verdadero proceso de aseguramiento universal en salud. ¡No hay lonche gratis!

(*): Director de Intelfin y Profesor de Economía de la USMP.